Desde 2017 cada vecino de un inmueble con calefacción central a gas pagará por la energía que consuma, no por su coeficiente de participación en la comunidad de vecinos. La medida busca la eficiencia energética y un pago más justo por la calefacción, aunque conllevará un gasto en instalaciones.
En el caso de las comunidades que funcionan con calefacción central a gas resulta bastante injusto que todos los propietarios paguen proporcionalmente, cuando unos pueden estar residiendo en la comunidad y otros no.
Por ello, ya se prevé una nueva modificación, que entrará en vigor a partir de 2017: cada vecino pagará por la energía que consume y no por su coeficiente de participación.
¿Cuándo ha salido esta normativa?
La mayoría de los sistemas de calefacción central actuales derrochan energía, pero además no llegan a lograr la temperatura requerida en todos los puntos de la vivienda. Para tratar de paliarlo, el Parlamento Europeo dictó en 2012 una directiva de eficiencia energética que obliga a todos los edificios con instalaciones de climatización central a instalar contadores de consumo individuales. El objetivo de esta medida pasa por repartir el gasto centralizado, de manera que lo que paga cada propietario se acerque lo más posible a la energía que realmente gasta.
El Real Decreto que transpone esta directiva, cuya fecha prevista era junio de 2014, todavía no ha sido promulgado, pero lo será en breve.
Modificaciones a realizar
Así, para que 1,7 millones de hogares españoles con calefacción central cumplan con esta normativa, será necesario que modifiquen sus instalaciones antes del 31 de diciembre de 2016, y de no hacerlo los propietarios de estas viviendas se enfrentarán a sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros. Además, no cambiar la instalación tendrá otra penalización destacada, pues la norma autoriza a la comunidad a facturar el máximo consumo a los clientes ‘rebeldes’.
Y ojo, porque se exceptúa de la obligación de instalar medidores individuales a los edificios en los que no compense desde el punto de vista económico por estar situados en zonas relativamente cálidas, generalmente de Canarias y el sur de la península.
La forma más sencilla de cumplir la normativa es poner un contador a cada vecino, pero esto sólo es técnicamente posible en las calefacciones dispuestas en anillo (el 40% del total), y en España hay más de un millón de viviendas cuyas instalaciones más antiguas que están distribuidas en columna, con los radiadores de los distintos pisos unidos entre sí de arriba a abajo. Estos sistemas requieren la instalación de un aparato de medición en cada radiador y de una unidad que centraliza las lecturas. Sea cual sea el sistema empleado, se debe acompañar de algún dispositivo que permita a los usuarios regular la temperatura de forma individual, para hacerse responsables de su consumo.
Sistema en anillo:
Consisten en que el agua entra en la vivienda, pasa por todos los radiadores y vuelve a incorporarse al circuito de retorno a la caldera.
Tienen una única entrada y salida por cada vivienda. Básicamente, el agua circula de un radiador a otro dentro de la misma casa. Habitual en edificios posteriores a 1997 (presente en 1,1 millones de hogares).
Será necesario que instale:
- Contador de Calor (Uno por vivienda):
- Se instala en la tubería de retorno de la instalación de calefacción, de esta manera se mide el caudal y la diferencia de temperatura de impulsión y retorno, calculando así el consumo de calor. La regulación se realiza a través de una válvula de zona y un termostato.
- La mayoría de estas instalaciones ya disponen del sistema de distribución de costes de consumos reales.
En este caso el agua circula por todas las viviendas, en columnas verticales de un radiador a otro radiador en otra planta en la misma ubicación. Por lo que por ejemplo, el radiador del salón comparte el agua caliente con el vecino de arriba y con el de abajo.
Habitual en edificios anteriores a 1997 (presente en 600.000 hogares). Será necesario que instalen:
- Repartidor de costes (Uno en cada radiador):
- Son unos pequeños dispositivos de medición que se colocan en cada radiador para realizar el reparto individual de los consumos en instalaciones de calefacción central con distribución en columna. El coste de estos aparatos asciende a unos 25-35€.
- Si cada vecino puede ajustar la temperatura de su casa abriendo y cerrando las válvulas, la presión del agua en las tuberías de muchas de la comunidades reformadas sufrirá frecuentes variaciones, y muchas de las instalaciones actuales no están listas para funcionar de esta manera, ya que las bombas que hacen circular el agua son de velocidad fija y mantienen un caudal constante. Por ello, en esos casos habrá que cambiar esas bombas por otras de velocidad variable y caudal regulable, que harán subir más o menos cantidad de agua según lo que demanden los vecinos. Estas bombas consumen entre 3 y 8 veces menos energía y disminuyen la generación de ruido. También se recomienda volver a equilibrar el circuito hidráulico. Todos estos aparatos tienen un coste elevado, ya que la instalación de los repartidores de costes (o el calorímetro) y las válvulas termostáticas junto con la derrama por adaptar las instalaciones comunes, supone un desembolso de entre 800 y 1.000 euros por vivienda.
La única buena noticia es que, si todo se hace bien y si los hábitos de uso mejoran, con este cambio se puede ahorrar entre un 20% y un 30% de la energía que antes se consumía. La inversión, en principio, quedaría así amortizada en unos 5 años.
¿Comprar o alquilar?
Para no tener que afrontar estos costes, se pueden alquilar los equipos a una empresa especializada, que suelen cobrar entre 0,50€ al mes por cada radiador, incluidos los costes de lectura y facturación. La ventaja de alquilar en lugar de comprar es que se evita el desembolso inicial, pero a la larga no es una opción interesante (salvo averías, ya que estando en alquiler es la empresa especializada quien asume las reparaciones o cambios de dispositivos). En los 10 años de vida estimada que tiene la pila de un repartidor de costes, el alquiler de cada dispositivo habrá costado 66 euros frente a unos 25 euros que supone comprarlo.
Entrada en vigor
La adaptación a la normativa debe acordarse en una junta de propietarios. Al tratarse de una medida de eficiencia energética, requiere el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios, que tendrán que decidir qué sistema usan y con qué empresas contratan. Habitualmente, el administrador o el presidente de la comunidad se encarga de procesar los repartos que le remite la empresa de gestión energética para emitir las facturas de cada vecino, lo que suele suponer un aumento de su trabajo.
Subvenciones
El Principado de Asturias ha puesto en marcha planes de ayudas para estas instalaciones: cubren hasta el 35% del coste y hasta el 50% si se mejora la accesibilidad del edificio.
Fuente: OCU.